Vínculos de narcos mexicanos llegan a Gerencia Regional de Trabajo

Los mexicanos propietarios de las más de las 7 toneladas de cocaína que fueron decomisadas el pasado 25 de agosto al interior de bloques de carbón de piedra en un almacén de Valdivia Baja (Huanchaco), tendieron, al parecer, una red de corrupción en las entidades del Estado para ejercer sus actividades ilícitas con total normalidad en Trujillo.

Los prófugos Rodrigo Torres (a) ‘Lic’ y Marco Antonio Larios Díaz, señalados por la Policía como los principales representantes en el Perú del cartel de Sinaloa de México, contaban con carnés de extranjerías, aparentemente emitidos por la Dirección General de Migraciones, y visas de trabajo temporal que vencieron en el mes de marzo de este año.

Gracias a esos documentos, ambos –según las investigaciones- pudieron desempeñarse como gerente administrativo y gerente financiero, respectivamente, de la empresa Alfa y Omega Comercializadora y Distribuidora del Perú, creada en marzo del 2012, la misma que está implicada en la frustrada exportación de cocaína.

El trámite, según informamos, lo quisieron hacer de manera fraudulenta, pretendiendo sorprender a las autoridades utilizando contratos laborales con sellos y firmas falsificadas de la empresa LCF Distribuciones y Servicios S.A.C, los mismos que presentaron a la Gerencia Regional de Trabajo de La Libertad.

Hoy, el nombre de la extrabajadora de esa entidad, Carmen Malabrigo Ramírez, sale a luz porque habría intentado ayudar a los mexicanos en lograr la obtención de estos documentos, motivo por el cual será investigada y llamada a declarar por el Ministerio Público. Se presume que no habría actuado sola y podría existir más implicados. LaIndustria

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