Empresa Gloria falsificó acciones del Estado para obtener beneficios de Ley de Protección Patrimonial

Era un secreto, pero ministro de Economía, Ismael Benavides, lo puso al descubierto

UNIDAD DE INVESTIGACION

La empresa agroindustrial Casa Grande (Ascope, La Libertad), cuyos accionistas mayoritarios son los hermanos Rodríguez Banda, a través de Coazucar, falsificó de manera escandalosa dos acciones para acogerse a los beneficios de la Ley de Protección Patrimonial 28027, que solo tiene vigencia para las empresas azucareras en las que el Estado mantiene participación accionaria al primero de marzo del 2009, que no es el caso de Casa Grande.

Por efecto de la citada norma, las empresas de las características anotadas gozan de beneficios tributarios, excepciones legales especiales como la suspensión de toda clase de medidas cautelares, demandas judiciales de garantías reales, personales o similares contra las empresas agrícolas azucareras, que como se ve es lo que Gloria se impuso conseguir por medios vedados por la ley.

La certificación que acredita las dos supuestas acciones tiene fecha 16 de noviembre de 2008, fecha en la que el Estado, a través de Fonafe, ONP y Essalud, ya no era accionista, porque sus acciones que mantenía en Casa Grande habían sido transferidas en su mayor parte, en enero del 2006, mediante una oferta pública de acciones (OPA), al patrimonio de Gloria, de los hermanos Rodríguez Banda y verdadera titular de la empresa Coazucar.

En esta certificación se precisa que el presidente del directorio de Casa Grande, Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez, reconoce al 16 de diciembre del 2008 que las citadas entidades estatales son propietarias de dos acciones -29715614 y 29715615- pagadas por un valor de 10 soles.

En busca del “ripio”

La pregunta lógica sería ¿las entidades estatales con esas acciones por una ínfima cantidad de dinero vuelven a ser accionistas de Casa Grande? La respuesta es sí y en este caso se trataba de burlar a la torera haber quedado marginados de la Ley 28017, que solo les dio derecho a disfrutar de beneficios solo por seis meses, hasta julio del 2006, contados desde la fecha en que la OPA selló su transferencia a Coazucar.

La única forma en la que una empresa azucarera privatizada pueda acogerse a los beneficios de la Ley de Protección Patrimonial es que el Estado continúe siendo accionista, como sucede en las empresas Pomalca, Tumán y Cayaltí, que deben ser transferidas a sus conductores privados antes del 31 de los corrientes, fecha en que culminaría la vigencia de la norma.

Durante el 2006, 2007 y finales del 2008 alguien del Jr. Azángaro o de los meandros del Poder Judicial les dio la luminosa idea de convertir a los ex accionistas estatales en nuevamente accionistas, con lo cual Coazucar estaría en condiciones de volver a acogerse a los beneficios de la Ley de Protección Patrimonial.

¿Cómo lo hicieron? Simplemente, ordenaron al presidente del directorio de Casagrande, Rodríguez Rodríguez, revisar los archivos contables y verificar si la empresa tenía alguna deuda pendiente con la ONP o Essalud y fue fácil forzar a los encargados de esta tarea a encontrar que quedaba un sencillo de deuda, producto de las capitalizaciones, que sumaba un total de S/ 3,70, es decir un verdadero ripio.

Documento falso

Técnicamente hablando, los créditos remanentes en nuevos soles de cada una de las citadas entidades estatales no contemplaban para adquirir individualmente ni una sola acción, porque no superaban el requisito legal de un importe de 10 soles (valor nominal de cada acción).

Sin embargo, Casa Grande, falseando información, emite unilateralmente un certificado de acciones “en conjunto” para las tres entidades (tres en uno), lo cual es irreal e ilegal, porque se trata de obligaciones en soles y no en acciones.

En la realidad, Fonafe, ONP y Essalud, por separado, no tenían siquiera el crédito suficiente como para alcanzar el valor de una acción y menos hubo el acuerdo de junta de accionistas para una supuesta nueva capitalización y emitir una acción conjunta por el valor de 10 nuevos soles.

Por lo tanto, al 16 de noviembre del 2008, fecha del certificado de las acciones, las tres entidades estatales ya no eran titulares de ninguna acción. Casa Grande opta por generar un documento falso y luego su delito se agrava al utilizarlo para invocar una protección patrimonial que ya había perdido.

De ser una deuda real hubiera bastado girar el sencillo con sus intereses en un modesto cheque y problema resuelto, pero de eso no se trataba, porque “la ocasión se la pintaban calva”, Colombo con ese dato reconoció unilateralmente a la troika Fonafe-ONP-Essalud la propiedad de acciones pagadas por el valor de diez soles, suma que incluía intereses y devengados de la “deuda de centavos”.

Poder Judicial se sumó

Con las acciones en la mano, la empresa agroindustrial, ni corta, ni perezosa, planteó una solicitud de amparo judicial ante el Poder Judicial de la provincia de Ascope (La Libertad) para que le sean retornados los beneficios de la Ley Patrimonial, en razón a que el Estado había recuperado su condición de accionista, que le fue de inmediato concedido a fines del 2008.

En todo este tiempo, la “conquista legal” era un secreto de estado y ha salido a la luz gracias a una declaración del ministro de Economía, Ismael Rodríguez Benavides, quien ante preguntas relativas al tema de la Ley de Protección señaló que aparte de las empresas azucareras de Lambayeque (Pomalca, Tumán y Cayaltí), había otra empresa, Casa Grande del grupo Gloria, que gozaba del citado beneficio, gracias a un mandato judicial de un juez de provincia.

La responsabilidad de esta performance, de características nítidamente delictivas, tiene sin duda como responsable al grupo Gloria, por ser los titulares del 75% de las acciones, y ahora también son también accionistas ampliamente mayoritarios en las empresas agroindustriales Cartavio, Chiquitoy, Sintuco, también ubicadas en La Libertad y San Jacinto (valle de Nepeña, Ancash).

Hay que destacar que la empresa Gloria, de los hermanos Rodríguez Banda, y accionista único de Coazucar han comprado, desde el 2006, un total de 60.000 hectáreas en las citadas empresas, lo que los ha convertido en propietarios de la mayor extensión de tierras agrícolas en el Perú y en renovadores del latifundio, al que los gobiernos anteriores, desde Velasco, se esmeraron en erradicar como condición para la modernización agraria en el Perú.

Fuente Información: http://www.larazon.com.pe/online/indice.asp?tfi=LRPolitica02&td=02&tm=12&ta=2010