Sobre el comunicado de la municipalidad de Casa Grande

Pese a los garabatos del comunicado oficial de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, no vale hacer mucho esfuerzo para percibir que al ciudadano Alejandro Navarro Fernández algo le preocupa. ¿Acaso será la predisposición que tienen las juntas vecinales del distrito para atender a otros ciudadanos casagrandinos?
Empezamos por el párrafo uno: alocución ‘patera’ y alcaldista. Deben saber los amigos del área de Imagen Institucional de la comuna, que un alcalde es elegido para que ejerza las atribuciones que contempla la Ley Orgánica de Municipalidades (Artículo 20) y por derecho le corresponde ser rentado mediante una remuneración mensual.

La municipalidad dice: El Alcalde de Casa Grande representa a todos los ciudadanos del distrito, esto por mandato expresado en la urnas electorales en un legítimo ejercicio democrático donde se eligió al entonces vecino de la ciudad de Casa Grande Sr, Alejandro Navarro Fernández, como su Alcalde, para que en nombre y representación de todos los ciudadanos casagrandinos ejerza los derechos que le corresponden de acuerdo a la Ley orgánica de Municipalidades.

Seguidamente Alejandro Navarro, en alusión a la azucarera Casa Grande, impone que el o la ciudadana casagrandina que quiera comunicarse con él deberá tener un poder inscrito en Registros Públicos. Además recomienda lo mismo para cuando algún representante de la empresa quiera tratar asuntos administrativos-municipales. Pero, ¿Puede un representante de una empresa abordar temas administrativos ediles? No.
La administración municipal adopta una estructura gerencial donde las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin embargo Navarro Fernández dice: Si la persona jurídica de la Empresa Casa Grande SAA desea comunicarse o tratar asuntos administrativos municipales, con el Concejo y/o el Alcalde; debe ser a través de funcionario con poder de representación debidamente inscrito en los Registros Públicos SUNARP Trujillo.

Si es cierto que tratar problemas de la ciudad con un funcionario de la azucarera es una falta de respeto y sus proposiciones son ilegales, ¿por qué el alcalde ha venido pregonando su pataleta por el convenio (Proyecto Obras por Impuestos Terrapuerto) en el que la empresa no consignó lugar de construcción? Jamás dijo que las reuniones de trabajo eran ilegales.

El siguiente párrafo me parece más divertido. Alejandro Navarro dice en su comunicado; Por tanto el ordenamiento jurídico municipal es claro y preciso: las municipalidades son órganos de gobierno que emanan de la voluntad popular… No es así leguleyo; las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines (Título Preliminar LOM); su representante legal es el alcalde y éste es elegido por el pueblo, no importa con apenas el 21 % del total del electorado.

Las frases no están encadenadas en este párrafo. Gobierno emana de la voluntad popular, representa al vecindario y por ello las reuniones de la empresa con vecinos no tienen valor legal… Humm? Quiero entender que desconoce los acuerdos que tomen las juntas vecinales y la empresa Casa Grande. Obvio… nadie, excepto el alcalde y sus funcionarios, pueden tocar asuntos administrativos municipales…

Si fuera cierto que sólo el alcalde o la municipalidad pueden hacer invitaciones a las juntas vecinales, ninguno de los periodistas podría citar a un dirigente para abordar la problemática del municipio en una entrevista o sería ilegal. ¡Mucho Cuba me parece!

Fíjense, el comunicado oficial de la municipalidad de Casa Grande insiste aclarar que para tratar temas administrativos (con nivel de exacerbación social) hay que tener poder con inscripción en Registros Públicos; y quien lo tenga asumirá la responsabilidad de las consecuencias legales que tomará la municipalidad, mejor lean ustedes… Dice: Siendo esta la actitud de la Empresa desde la fecha en adelante la Municipalidad de Casa Grande en representación de la Ciudadanía exige a la Empresa Casa Grande que para tratar asuntos administrativos municipales que están llegando a un nivel de exacerbación social, envíe a funcionarios debidamente acreditados de tal manera que asuman responsabilidad de las consecuencias legales que tomara la municipalidad en estricto ejercicio de sus funciones y en caso de ser necesario; de acuerdo a lo que estipula la Ley orgánica de Municipalidades .

Esto es en serio. Lejos de incoherencias y desaciertos del comunicado se evidencia una clara respuesta de confrontación cuando lo que esperaba más de un ciudadano casagrandina es conocer posturas con ganas de concertar. Es ridículo y hasta vergonzoso que Alejandro Navarro diga en su comunicado que el debate social no debió generarse por propuestas hechas por personas sin acreditación en Sunarp o porque un borrador de convenio no tenía sellos; sin embargo, más abajo se envuelven en la discusión por presuntos condicionamientos que pretendía imponer la azucarera en su papel copia simple y sin sellos.

La verdad es que el comunicado entorpece las precisiones que quieren los ciudadanos. Antes que exponer motivos convincentes del por qué se niega las licencias de construcción a Casa Grande, prefieren generar la sicosis de que en el municipio se cocina la ingobernabilidad y el conflicto social.

Para concluir, una más del ‘comunicadito’. Lea bien: …toda vez que los ciudadanos han elegido al Alcalde para que en representación de la Ciudadanía decida respecto de los actos administrativos, afectando seriamente la gobernabilidad de la actual gestión. Sólo sobre lo último, decir “… la gobernabilidad de la actual gestión” es una brutalidad considerando que la actual gestión, cualquiera o Gobierno Local son responsables de salvaguardar la gobernabilidad. Entiéndase a ésta como el conjunto de acciones individuales para la construcción del orden social. Punto final.

Juan Carlos Valladolid Moreno